Los juicios de residencia fue un procedimiento creado por emperador bizantino Zenón (475) con el objetivo de juzgar las actuaciones de los funcionarios públicos al finalizar su tiempo a las ordenes de su señor.
Pero fue con el derecho Castellano cuando los juicios de residencia fueron reflejados en las Partidas (6,4°,III), siendo los Reyes Católicos quienes potenciaron esta forma jurídica para determinar si los virreyes en el Nuevo Mundo habían o no, cometido abusos de autoridad.
El procedimiento fue utilizado no solo para los virreyes, si no para todo tipo de funcionarios nombrados por la Corona, los cuales al finalizar su tiempo en el cargo tenían que esperar en su destino un plazo de tiempo entre 30 y 50 días, para ser investigado por sus actuaciones, así un juez tomaba declaración a persona o personas que se consideraban afectadas por las actuaciones del cargo.
En los últimos días se han publicado en el BOE el patrimonio del presidente del gobierno y los ministros y las cifras eran muy chocantes, desde ministras como la de Igualdad con un pasivo varias veces superior a sus activos, pasando por otra una ministra, la de Economía que se ha descubierto que tiene un estudio de lujo en la Costa Azul y que ha declarado con un valor catastral del 20.000 euros lo cual es imposible, y para finalizar el tercer vicepresidente que no tienen nada ahorrado, porque no le da la gana.
Llegados a este punto me realizo la siguiente pregunta, ¿si mi declaración de la renta no es publica, porque la tiene que ser la de un ministro?, ¿no seria mejor realizar a los funcionarios públicos que han sido votados, una variación de los juicios de residencia, en los cuales se investiga no solo sus actuaciones si no ademas una fiscalización de la gestión de los dineros públicos?.
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